CGT presiona contra la reforma laboral y evalúa una movilización con la Iglesia mientras crece la preocupación por salarios y empleo

La estrategia sindical combina presión judicial y acción política

Mientras avanza en los Tribunales con su estrategia para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la CGT observa con creciente preocupación la evolución de las paritarias y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios en un contexto de inflación en alza.

La central obrera ya logró una medida cautelar que dejó en suspenso más de 80 artículos de la iniciativa y ahora espera un fallo de fondo que cuestione la constitucionalidad del proyecto en el corto plazo. En paralelo, los principales dirigentes sindicales siguen de cerca la negociación salarial, marcada por la presión oficial para imponer un tope del 2% mensual a los aumentos.

Paritarias bajo presión y salarios por debajo de la inflación

El principal foco de preocupación de la CGT está en la caída del poder adquisitivo. Las estimaciones privadas anticipan que la inflación de marzo superará el 3%, lo que vuelve insuficientes los acuerdos salariales firmados en los últimos meses.

En este escenario, la mayoría de los gremios se vio obligada a aceptar aumentos por debajo de la inflación, incorporando sumas fijas o acortando la duración de los acuerdos a tres meses para reducir el impacto de la suba de precios. La prioridad, admiten en la central sindical, es preservar el empleo frente a la caída de la actividad económica.

La situación afecta especialmente a sectores como la industria, la construcción y el comercio, donde el freno de la producción y la caída del consumo provocan cierres de empresas y despidos.

Reunión clave del consejo directivo de la CGT

Con este panorama, la conducción de la CGT convocó para el próximo jueves a su primera reunión del consejo directivo tras la sanción de la reforma laboral.

El encuentro tendrá dos ejes centrales:

  • Evaluar el avance de las presentaciones judiciales contra la reforma laboral
  • Definir nuevas medidas frente a la situación de salarios y empleo

Los dirigentes anticipan que será una reunión de fuerte debate interno, en la que se analizará el rumbo de la estrategia sindical frente al Gobierno.

Un acto con la Iglesia en Plaza de Mayo para el 30 de abril

Uno de los puntos que ya cuenta con consenso dentro de la central obrera es la organización de una nueva medida de visibilidad pública en la previa del Día del Trabajador.

La propuesta es realizar un acto multisectorial el 30 de abril en Plaza de Mayo junto a la Iglesia, con una convocatoria amplia que incluya sindicatos, empresarios, organizaciones sociales y entidades de la sociedad civil.

Según trascendió, el evento podría adoptar el formato de una misa o encuentro intersectorial sin banderas partidarias, con el objetivo de enviar un mensaje de unidad frente a la crisis económica y social. Entre los interlocutores sindicales aparece el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ya mantiene conversaciones con la conducción cegetista.

El dilema: salarios o empleo

En la cúpula de la CGT coinciden en que el principal problema es la caída de la actividad económica, que limita el margen de negociación.

“La actividad está estancada, hay cierre de empresas y despidos constantes”, admiten en el entorno de la conducción sindical.

Frente a ese escenario, la estrategia sindical se orienta a actuar con prudencia para evitar una mayor destrucción del empleo, aun cuando eso implique resignar recuperación salarial en el corto plazo.

Un conflicto que combina economía, política y justicia

El escenario que enfrenta la CGT refleja una tensión creciente entre el Gobierno y el movimiento sindical.

Por un lado, la central apuesta a la vía judicial para frenar la reforma laboral. Por otro, intenta construir una respuesta política y social frente al deterioro de los salarios y el empleo, con una movilización que podría reunir a distintos sectores en Plaza de Mayo.

El acto del 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador, aparece así como una señal de advertencia al Gobierno y como un intento de reposicionar al sindicalismo en el centro del debate económico y social.

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